Gozar un puyero: Sobre la inmigración venezolana

1. Creo en las libertades políticas. Creo en la libre competencia y en el libre mercado. Creo en la apertura de mercados y condeno barreras burocráticas ante iniciativas privadas (sean nacionales o extranjeras; y, mayor aún, dentro de los sectores de mayor sostenibilidad, como la minería o la energía). Por ello, si este país tuviese un gobernante como Chávez, Maduro o alguno de los hermanos Castro entendería las ganas de huir. A Dios gracias, nos salvamos de tener algo semejante con la candidatura de Verónika Mendoza; que si hubiese salido elegida (y eso, quedó en tercer lugar), mi próximo paradero (como el de cualquier persona que cree en la libertad) hubiese sido el Jorge Chávez y le digo bye bye, chau sayonara a Perú; hubiese fugado a Nueva York, Madrid o Ginebra a escribir las novelas que tenía en mente.

2. Se entiende la crisis que ocurre en Venezuela y, como consecuencia de ella, la inmigración hacia países aledaños. No condeno que inmigrantes traten de sobrevivir, encontrar trabajo y buscar oportunidades diferentes; esa es la razón de sobrevivencia del ser humano. Tampoco condeno el espíritu humanista de cada uno y el hecho de que a un foráneo se le tenga adoración o compasión y que se juegue a ser una suerte de Robin Hood con ellos y se les brinde posada y, si alguien quiere pagarles la suite del Country Club, pues uno está en su libre albedrío; y en tal escenario, sólo solicitaría a tan generosa persona que no reserve la presidencial los sábados, pues ese día, la reservo yo. Lo que sí condeno es que se trate de entablar políticas populistas, diferenciadas y favorables únicamente a los venezolanos (lo que, ante la subjetividad y un fundamento carente de objetividad, constituiría discriminación) con el objetivo de colocarlos en puestos de trabajo o, peor aún (y poniendo en riesgo los principios de verdad material y razonabilidad, regulados en la Ley 27444), de entablar sólo a ellos procedimientos administrativos más veloces o con criterios más flexibles, siendo éstos de evaluación previa.

3. El hecho de que exista crisis en Venezuela, no implica, per se, de que la administración pública peruana tenga que asumir costos de transacción (que a la larga serán altísimos) y, por ende, obviarlos de requisitos, documentación necesaria, procedimientos administrativos, o crear procedimientos más flexibles aplicables únicamente a ellos. Es necesario hacer énfasis de que todo procedimiento administrativo y, en general, el objetivo de la administración pública es uno solo: Velar por el interés nacional y la seguridad pública. Así, es condenable que se les restrinja la búsqueda de oportunidades, eso sí; pero son ellos los que tienen que adaptarse a nuestro sistema, no nosotros a ellos. Perú cuenta con un sistema ya establecido, normas, procedimientos, leyes; y ellos tienen que estar sometidos a los mismos. Así, por ejemplo, si existe una sola oficina de la INTERPOL, pues es lo que hay; y si hay que hacer colas en la madrugada para solicitar la documentación correspondiente, pues, hay que hacerlas. El sistema peruano no tiene que asumir costos y crear, por ejemplo, oficinas desconcertadas. Son ellos los que tendrán que adaptarse a nosotros, así como tantos peruanos se adaptan a su propio sistema y hacen largas colas para sacar citas en hospitales públicos, para obtener medicinas gratuitas o para acudir a una emergencia hospitalaria.

4. Lo expuesto en el párrafo anterior tiene que adaptarse al principio de razonabilidad entablado en la Ley 27444. En tal lógica, si por ejemplo obtener un pasaporte en Venezuela toma 2 años o más, pues la administración peruana, sin omitir la Ley, podrá solicitar una documentación alterna (que sea razonable con el objetivo, que no sea una documentación prohibida y que sea de fácil fiscalización ex post) con la misma validez, de similar contenido jurídico y que permita cumplir con sus objetivos.

5. Yo, en lo absoluto, creo en el discurso populista de hay que velar primero por un hermano peruano que un extranjero. Sin embargo, hay que cumplir con las formalidades. Y éstas apuntan a que se resguarde el interés nacional, la seguridad pública y someter a la legalidad a quien solicita oportunidades en un país foráneo. No es posible que delincuentes atraviesen la frontera y que acá, un país democrático, sirva para cometer fechorías. No es posible que señoritas, muy lindas y bellas no lo dudo, infectadas de enfermedades de transmisión sexual atraviesen la frontera para trabajar como damas de compañía o prostitutas y poner en riesgo la salubridad. Resulta jalado de los pelos, de igual manera, que existan comerciantes ambulantes, entre arepas y bombillas de chocolate, en plena Avenida Velazco Astete, Primavera o El Polo. Ser ambulante comerciante informal es estar fuera de la Ley, y si un extranjero toca la puerta de un país vecino, pues tiene que comportarse, incluso mejor, que en su propio país; y eso comienza por dos elementos fundamentales: Someterse a la norma y pagar impuestos.

6. Condeno la xenofobia, la discriminación y las políticas populistas. Creo en la competencia y en las capacidades. Si por ejemplo, un médico, un dentista, un camarero o un minero, si cumple con las leyes peruanas y con las exigencias de su empleador podrá demostrar sus aptitudes para acceder a un puesto de trabajo, sea venezolano, peruano o cubano. La nacionalidad es lo de menos; la competencia de capacidades es lo que deberá de prevalecer y hará, como consecuencia, que el mercado funcione. Y funcione bien.